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HACIA UNA NUEVA FISCALIDAD DEL MECENAZGO

El pasado mes de julio AEDME ( La Asociación Española para el Desarrollo del Mecenazgo Empresarial) y el Circulo de la Responsabilidad social organizaron una jornada sobre la nueva fiscalidad del mecenazgo.

El mundo empresarial y el sector cultural se unieron para reclamar mejoras en el tratamiento fiscal del mecenazgo.

Se destaco que haciendo un analisis comparativo respecto a otros paises dentro del marco europeo, la legislación española suele aparecer como poco atractiva o ambiciosa. Recordemos que la última ley en el ámbito del mecenazgo es la ley 49/2002 que contempla como incentivo fiscal un 35 por ciento de desgravación fiscal sobre el Impuesto de Sociedades.

Se cree que una mejora de los incentivos fiscales revertiría en un incremento de las acciones de mecenazgo y en un mayor ritmo de creación de fundaciones. Actualmente solo las grandes empresas pueden beneficiarse de los mayores incentivos fiscales, porque son las únicas que pueden optar por los programas de patrocinio  de los acontecimientos de excepcional interés público, en este caso la desgravación puede llegar hasta el 50%. Se puso como ejemplo el caso francés , recordando que se duplicaron los coeficientes de desgravación fiscal, del 30 al 60 por ciento en el ejercicio 2003. Tal factor redundó en un incremento substancial de las actividades de mecenazgo empresarial y en la creación de fundaciones. En Estados Unidos las deducciones por inversiones en cultura, las artes y las ciencias llega al 100 por ciento.

Se destacó que los poderes públicos tienen el deber de fomentar las actividades culturales y los incentivos fiscales son una herramienta para lograrlo.

Desde la Dirección General de Tributos, se expuso que la administración pública encuentra la dificultad de determinar qué es el interés general. En este sentido, se expresó que los beneficios fiscales no pueden ser privliegios, sino normas para fomentar actividades de interés general. También expuso que los cambios en el modelo fiscal a de venir por una demanda de la sociedad que determinará el tipo de modelo que propondrán los legisladores. 

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